Diferencias entre Asuntos Públicos y el Lobby, conceptos con significado propio

¿El lobby qué es? Esta pregunta es muy común, y es que tiende a confundirse de manera habitual con los asuntos públicos. Sin embargo, ambos conceptos son muy diferentes entre sí y cuentan con su propio significado, algo sobre lo que profundizaremos para aclarar cualquier tipo de duda.

Los asuntos públicos

Las empresas y corporaciones se ven, a menudo, afectadas por las diferentes regulaciones y normativas de la Administración pública. Esto hace necesario que se deban abordar todas esas situaciones para salvaguardar los intereses de la compañía. Esto no siempre es algo negativo, ya que también se considera un asunto público el hecho de tener que relacionarse con cualquier Administración por la concesión de una licencia o una licitación.

Los asuntos públicos son del interés de empresas de cualquier tamaño. De hecho, cualquier pyme o microempresa debería contar con personal dedicado a esta tarea. Y es que se trata de una labor muy importante para saber qué debe afrontarse en cada momento para no vulnerar la ley o simplemente para hacer un recurso si se ha sido víctima de una mala praxis de la Administración.

Ejercer presión sobre el sector público

Otra cosa muy diferente a los asuntos públicos es la creación de un lobby. En este caso, lo que se trata de conseguir es presionar a un determinado organismo para que legisle o cambie una normativa que beneficie a la empresa a la que el lobby representa. Fernando Belinchón lo describió a la perfección en Lobby: la actividad de influir en los que toman las decisiones, un artículo publicado en CincoDías: "Una definición neutra sería la de un grupo de personas que en nombre de una serie de intereses, interactúan con el poder para dar su punto de vista a los legisladores".

Se trata de un verdadero problema global, ya que el poder que tienen las grandes corporaciones sobre un país puede llegar a decantar la balanza a su favor. De hecho, muchas leyes de gran calado que terminan aprobándose en el Congreso de los Diputados tienen una amplia ronda de negociaciones con los lobbys a los que afectan.

Y es que para conseguirlo se pueden emplear todo tipo de estrategias que pueden iniciarse mediante una importante campaña de comunicación, aprovechando la audiencia de la prensa o de otros medios. Además, se trata de obtener la mayor cobertura mediática posible para que sea la propia opinión pública la que termine presionando al Gobierno o a cualquier otra institución sobre la relevancia de modificar una normativa.

Esto es algo de lo que ya se habló en ‘Lobbies’, el poder en la sombra, un artículo escrito por María Fernández en EL PAÍS, y que explicaba a la perfección Alfredo Gazpio, representante de Asuntos Públicos en la empresa Danone: "Los gobiernos y los parlamentos ya no tienen el monopolio de la toma de decisiones. Se ha producido una descentralización del poder".

¿Son legales este tipo de acciones?

En España existen empresas especializadas en presionar a las Administraciones para velar por sus intereses. Pero, la realidad, es que la regulación actual apenas regula su funcionamiento. De hecho, el propio sector del lobby desea que se acoten de forma definitiva las normas del juego. Pero, tal y como explicó a CincoDías Irene Matías, Directora General de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, en Lobby: la actividad de influir en los que toman las decisiones, por ahora es difícil que se alcance un acuerdo: "A nivel nacional se han producido numerosos intentos de regulación desde hace 10 años, pero ninguno ha salido adelante".

Lo cierto es que Es hora de una regulación general de la labor del lobby que ofrezca un escenario homogéneo en todo el país, algo de lo que profundizamos recientemente en CincoDías.